El Gobierno de Bulgaria autorizó a una empresa local de tecnología de vigilancia a exportar sus sistemas a países con historiales conocidos de violaciones de derechos humanos.
Entre 2018 y 2024, las autoridades búlgaras concedieron licencias de exportación para equipos de interceptación de comunicaciones y software de monitorización a países donde existía un riesgo claro de que estas herramientas se usaran para represión interna.
Así lo señala un informe de Human Rights Watch, quien habría revisado documentos oficiales de control de exportaciones para realizar dichas afirmaciones.
Entre los destinos de estas exportaciones figuran territorios con antecedentes de vigilancia de opositores, periodistas y activistas. Algunos de los países receptores fueron Azerbaiyán, Bahréin, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Ghana, Guatemala, Israel, Jordania, Malasia, México, Marruecos, Panamá, Serbia y Emiratos Árabes Unidos.
El documento subraya que este tipo de tecnología puede utilizarse para espiar llamadas, mensajes y otras comunicaciones digitales. Además, el informe recoge que algunas de estas herramientas están diseñadas para explotar vulnerabilidades en la infraestructura global de telecomunicaciones, lo que permite interceptar datos sin que los usuarios sean conscientes.
Espionaje desde la red, no desde el dispositivo
La compañía en cuestión es Circles, con sede en Bulgaria (y vinculada originalmente a Chipre). A diferencia del spyware que infecta teléfonos, sus sistemas suelen operar a nivel de red, aprovechando vulnerabilidades o accesos en la infraestructura de telefonía para obtener llamadas, mensajes, metadatos y localización.
Este tipo de tecnología forma parte del ecosistema global de vigilancia como servicio, donde empresas privadas venden capacidades de espionaje a gobiernos.
Dentro de este panorama, hay compañías como NSO Group, conocida por su software Pegasus, que infecta directamente dispositivos móviles, mientras que Circles se centra más en la interceptación desde la red, sin necesidad de comprometer el teléfono del objetivo.
Human Rights Watch critica que el sistema europeo de control de exportaciones de tecnología de vigilancia sigue siendo débil y poco transparente, lo que facilita que estas herramientas acaben en manos de Gobiernos con historial de represión.
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